Recientemente, una noticia sobre el cierre del caso de abusos a cuatro niñas menores de edad alegadamente por parte de un docente del Colegio Europa en Getxo me ha hecho reflexionar profundamente. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para permitir que estas injusticias continúen ocurriendo frente a nuestros ojos? Según cifras oficiales, unx de cada cinco menores de 17 años en el Estado Español es víctima de abusos sexuales. Es una realidad alarmante que parece ignorarse.
A pesar de que cada vez hay una mayor sensibilización sobre este problema, las reivindicaciones de asociaciones y movimientos sociales que buscan visibilizar la situación a menudo se encuentran con el desinterés de las instituciones judiciales. Esta falta de acción no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también contribuye a la victimización secundaria, es decir, el daño adicional que sufren al no ser escuchadas ni protegidas.
Un ejemplo de esta desconexión me lo compartió una conocida que trabaja en un colegio. Ella me contó que su equipo docente estaba recibiendo formación sobre “identificación de abuso infantil” y que la reacción general entre sus compañerxs era de incredulidad y perplejidad ante los datos presentados. La idea de que, en un aula, cuatro alumnxs pudieran estar sufriendo abuso era abrumadora. Esta incredulidad se intensificaba al darse cuenta de que, en muchos casos, lxs perpetradorxs son personas del entorno cercano de lxs menores.
Recuerdo claramente cuando, hace aproximadamente diez años, una colega que trabajaba en servicios sociales me habló por primera vez sobre la situación en Bizkaia. Fue en ese momento que se me cayó el velo de la indiferencia. Empecé a prestar atención a relatos escalofriantes de personas cercanas que compartían sus experiencias de abusos en la infancia. Es importante mencionar que, generalmente, la conciencia sobre haber sufrido abusos en la infancia surge en la edad adulta, ya que los mecanismos de la memoria pueden alterar la forma en que recordamos esos hechos. Muchas veces, estos recuerdos emergen tras procesos terapéuticos, revelando la complejidad del trauma. Mientras, en la mayoría de ocasiones (90%), estos abusos nunca serán comunicados ni reconocidos por las víctimas.
Lamentablemente, los procesos cognitivos y psicológicos asociados con la experiencia de un trauma son lentos de reconocer y elaborar. Esto es algo que me gustaría recordar al juez Adolfo Carretero, quien ha estado a cargo del caso Errejón. Insto a su Señoría a consultar con profesionales de la psicología y psiquiatría forense para entender mejor las consecuencias psicoemocionales de vivir experiencias de abuso. No parece ser el único juez que carece de esta formación específica, considerando la resolución del caso mencionado.
Además, me pregunto si durante el proceso judicial se activaron los protocolos establecidos para la recogida de testimonios de víctimas vulnerables (prueba preconstituida), diseñados para evitar la revictimización. Es crucial que estas medidas se implementen para proteger a quienes han sufrido. En el caso planteado, me pregunto ¿Dónde quedan entonces la dignidad y la salud estas personitas, tras haber sufrido un ataque tan perverso, y no ser reconocido por las instituciones que supuestamente les tiene que dar protección?
Por otro lado, me gustaría invistaros a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos que una persona adulta identifica que unx menor está siendo víctima de abuso y activa los protocolos de intervención, y es entonces cuando se topa con la negación de los familiares. ¡Eso es imposible!, pesaremos. Pues no, lamentablemente sucede más de lo que me gustaría pensar. Entre las explicaciones que dan sentido a esta cuestionable respuesta por parte de los entornos, podemos encontrar que puede deberse al shock inicial por la noticia; A que la situación tenga lugar en un entorno familiar marcado por otras formas de violencia; Al tabú que rodea estos delitos, que puede incrementar la vergüenza que sienten las familias, en las cuales, este ciclo de negación y silencio se convierte en una carga intergeneracional que se transmite de una generación a otra.
Me resulta inquietante que, en una época donde la crianza se centra en la protección de la infancia y la defensa de sus derechos, las estadísticas sobre abuso infantil sigan siendo tan alarmantes. Me planteo pues, que tal vez las campañas de sensibilización no están llegando a las estructuras de la sociedad de manera efectiva o no abordan los aspectos pedagógicos necesarios para erradicar esta problemática.
Mientras reflexionamos sobre esta situación, es vital que nos informemos sobre el tema y apoyemos el trabajo de fundaciones y asociaciones dedicadas a la protección infantil. Solo a través de la educación y la acción colectiva podremos esperar un cambio real en esta dolorosa realidad. Considero necesario dejar de correr tupidos velos, y accionar en este sentido, para erradicar no solo el abuso sexual infantil, si no todas las formas de violencia y abuso que nos atraviesan de forma estructural.
Para más información sobre abuso infantil aconsejo ojear la página web de la Fundación Vicky Bernadet (www. fbernadet.org/es), e insto a las personas lectoras a acudir el viernes 14 de febrero del 2024 a la concentración convocada en Algorta por familiares de las niñas del Colegio Europa.
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